El bloque del FRENTE COMUNIDAD ORGANIZADA, se suma a la conmemoración del día de la mujer, con la convicción que debemos promover políticas públicas integrales y accesibles, desde un enfoque de Derechos Humanos.
En casi todos los países, las mujeres siguen estando -diríamos- subrepresentadas en los puestos de adopción de decisiones. El trabajo de la mujer es subvalorado, insuficientemente remunerado o no remunerado en absoluto. De los más de 100 millones de jóvenes que no asisten a la escuela, la mayoría son niñas. De los más de 800 millones de adultos analfabetos, la mayoría son mujeres. El cambio necesario, supone la transformación de las relaciones entre mujeres y hombres en todos los niveles de la sociedad, fundamentalmente en el ámbito dirigencial. Esto requiere que trabajemos juntos, y desde este enfoque bregar por la inclusión de una perspectiva de género en todos los acuerdos, planes, programas y proyectos.
Voy, entonces, a aprovechar esta conmemoración que hoy nos convoca para referirme, entre otros, a tres temas que considero centrales y que requieren nuestra atención y predisposición para ocuparnos de ellos por medio de verdaderas Políticas de Estado que lleven un poco de justicia para miles de sufridas mujeres diseminadas en todo nuestro vasto territorio provincial y nacional.
En cuanto a lo que atañe a la MUJER Y A LA DISCAPACIDAD, podemos afirmar que tradicionalmente, la sociedad ha tendido a aislar y a segregar a las mujeres con discapacidad; y, a pesar de los logros y avances obtenidos en los últimos años, existe una doble discriminación: discriminación por género y discriminación por discapacidad, que sigue representando un problema grave y alarmante. Al contrario de lo que ocurre con otro tipo de grupos vulnerables o que sufren discriminación, las mujeres con discapacidad carecen generalizadamente de recursos o dispositivos legales eficaces para eliminar y corregir dichas conductas discriminatorias.
Las mujeres con discapacidad se enfrentan continuamente a dichas circunstancias, que se evidencian en un mayor desempleo, un menor acceso a los servicios de salud, mayores carencias educativas, mayor riesgo de padecer situaciones de violencia y todo tipo de abusos. Esto, desencadena una situación injusta y de vulneración de los Derechos Humanos.
Los ámbitos de necesidades y demandas de las mujeres con discapacidad coinciden con aquellos campos en los que, es más urgente y necesario desplegar una actividad intensa, que haga realidad la equiparación de derechos y la igualdad de oportunidades de estas mujeres, con el resto de la ciudadanía.
Las necesidades y demandas son: la no discriminación y la igualdad de oportunidades. Tanto la discriminación por género como la discapacidad, son hechos que vulneran los derechos de toda persona y que debieran ser garantizados, con independencia de sus circunstancias. Respecto a la salud, las mujeres con discapacidad tienen numerosas barreras para acceder a la planificación familiar y a la asistencia para la reproducción. Es necesaria la sensibilización y formación del personal médico-sanitario sobre la atención específica de este grupo vulnerable.
De igual modo, las mujeres con discapacidad, soportan aún con más crudeza que los varones con discapacidad, la persistencia de prejuicios, estereotipos e ideas recibidas, generalizados en todos los ámbitos, que distorsionan la imagen social y la percepción normalizada de este grupo humano. En general podría ser solucionado mediante una actuación conjunta de las instituciones estatales que son responsables de diseñar la política de integración en general y, en particular, de la integración laboral. Estamos, por lo tanto, a tiempo de tener en cuenta estas diferencias de género para la integración plena de las personas con discapacidad. Esta integración plena, no sólo supone la equiparación con el resto de la población; sino, que, además debería suponer, la equiparación en cuanto a género.
Las mujeres con discapacidad forman un grupo social aislado, que se enfrenta a restricciones y limitaciones, que ha estado sometido a una larga historia de tratamientos desiguales y que se ven relegadas a una posición de impotencia política. La existencia continuada de discriminaciones y prejuicios injustos e injustificados, priva a las mujeres con discapacidad de la oportunidad de competir en condiciones de igualdad, así como de aprovechar las oportunidades de las que goza cualquier persona.
Actualmente somos conscientes de la existencia de violencia contra las mujeres, por lo que se han aumentado las acciones dirigidas a informar, asesorar y proteger a las mujeres que han sufrido cualquier tipo de agresión. Sin embargo, dichos programas no han tenido en cuenta las peculiaridades que plantean las mujeres con discapacidad, convirtiéndose en inaccesibles para ellas.
Por lo tanto en todas las políticas que desarrolle el estado a favor de la igualdad de género y la equiparación de oportunidades de las mujeres, deben incluirse como eje de acción transversal medidas y actuaciones dirigidas a las mujeres con discapacidad, como segmento especialmente vulnerable en términos de derechos y posibilidades efectivas de vida normalizada. En este sentido, señora presidenta, esta Legislatura tiene una deuda pendiente, cual es la inclusión de las personas con discapacidad en el sector público.
En cuanto a la temática de la TRATA DE PERSONAS. El proyecto de Ley sobre trata que desde este bloque parlamentario, presentáramos hace dos días atrás, y que insistiremos en que esta Cámara de Diputados trate, está enmarcado en un enfoque de los Derechos Humanos, que son claramente vulnerados cuando una mujer es sometida a la explotación. Nuestro proyecto se halla contextualizado desde una perspectiva abolicionista. Afirmamos de esta manera que “La trata de personas es un problema cultural y no legal.”
Señor presidente, señoras y señores diputados, abordar este tema significa poder visibilizarlo y denunciar socialmente la Trata de Personas como una forma de violencia que vulnera los Derechos Humanos. En nuestro país la mayor cantidad de víctimas corresponde a la trata interna de personas y la provincia de La Pampa no es ajena a este flagelo.
Aproximarse al fenómeno de la trata de personas, nos sitúa ante un hecho de los más deleznables cual es la explotación de seres humanos para la esclavitud y la servidumbre.
Se advierte, de esta manera, la necesidad de considerar el problema desde su gran complejidad y que se pueda ver desde cada uno de los aspectos que incluye: la violación flagrante de derechos humanos, privando a las víctimas de los derechos elementales, denegándoles cualquier tipo de estatuto jurídico y reduciéndolas, mediante amenazas y violencia a un estado de dependencia extrema; la desigualdad de género; el fenómeno migratorio; la discriminación; la pobreza y las desigualdades socio económicas dentro del país y entre los distintos países.
Es necesario, entonces desde las políticas públicas, reparar la exclusión a la que son sometidas las víctimas de la trata. Como así también, prevenir situaciones sociales para limitar su desarrollo.
Actualmente, el número de víctimas de trata aumenta diariamente, habiéndose convertido en una forma de esclavitud moderna. Anualmente, millones de personas son víctimas de la trata de seres humanos para ser explotadas sexualmente; como mano de obra barata, en matrimonios forzados, adopciones ilegales e incluso para la extracción de órganos.
Cabe destacar que en la ciudad italiana de Palermo, en diciembre de 2000, se definió el marco legal para atender la trata de personas incluido en el “Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente de Mujeres y Niños/as”. Dicho Protocolo define la Trata de personas, en su Artículo 3º, del siguiente modo:
Por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.
Desde este bloque, adherimos a la modificatoria de la Ley Nacional sobre Trata de Personas, Nº 26.364, por el que -entre otros- se elimina el consentimiento de la víctima y la distinción de edad en las personas para ser explotadas laboral o sexualmente. Derogar el consentimiento plantea que siempre que se traslade un ser humano para ser explotado, es delito
Partiendo que la prostitución y la trata de mujeres con fines de explotación sexual son dos fenómenos estrechamente interrelacionados, consideramos que no pueden ni deben desvincularse.
Respecto a la multicausalidad de este fenómeno, es interesante mencionar que en las Conclusiones y Recomendaciones del Congreso Internacional del Mercosur y Estados asociados sobre Trata de Personas y Pornografía Infantil (Buenos Aires, 2008), se señaló que la pobreza, la inequidad y la exclusión social son factores que incrementan la vulnerabilidad de las personas, especialmente de mujeres, niñas y niños, para convertirse en víctimas de los traficantes y tratantes que en numerosas ocasiones, forman parte de grupos delictivos organizados que operan tanto a nivel interno como transnacional. Argentina, se configura así como un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual comercial y trabajo forzado.
En su mayor porcentaje, el destino es la explotación sexual, en zonas tanto rurales como urbanas. Así la trata de personas se convierte en un negocio altamente rentable, aún más que el tráfico de estupefacientes y de armas. Por lo tanto, en nuestra provincia es sumamente necesaria una ley provincial con la implementación de un programa de prevención y asistencia a las víctimas.
Por otra parte, y como un dato anexo y complementario de lo que venimos sosteniendo, la web o red de redes, facilitó la exhibición de mujeres, niños y niñas como mercancías; las víctimas de la trata no sólo son esclavizadas en prostíbulos, whiskerías o nights clubs, sino que también son explotadas a través de las nuevas tecnologías, que permiten capturar imágenes, multiplicarlas y exhibirlas. Pero también se usa la red para capturarlas mediante engaños de publicidades falsas.
En cuanto a las víctimas, es sabido que el crimen organizado utiliza Internet para colgar anuncios en sitios web. Las redes globales de tráfico pueden realizar transacciones económicas y financieras, por ejemplo, vendiendo mujeres tratadas para explotación sexual o pornografía infantil mediante fotografías y videos digitalizados en distintas partes del mundo. ''Estas operaciones ilícitas ocurren en tiempo real, de modo que ganaron en velocidad, pero también en simultaneidad''.
En esta Cámara hemos sancionado, el 27 de agosto de 2009, la Ley 2.514, para la Prevención de los Riesgos del Uso de Internet en Niños, Niñas y Adolescentes, en el artículo 6º se incluye una Campaña Educativa Preventiva en forma sistémica, integral y actualizada; con el objeto de desarrollar y difundir una serie de recomendaciones específicas que den cuenta de los riesgos de los usos de Internet, junto a pautas de navegación responsable y estrategias de protección integral, las que deben ser difundidas en todos los niveles y modalidades del sistema educativo pampeano y a través de los medios masivos de comunicación televisivos, radiales, gráficos y como así también del sitio Web Oficial del gobierno de La Pampa. Este artículo, señor presidente, señoras y señores legisladores, está siendo incumplido...
Para ir concluyendo, quiero ahora referirme al tercer aspecto que es el de la IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS, TRATO Y OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES. En tal sentido, quiero rescatar hoy aquí el carácter precursor que tuvieran en ese aspecto, los dos primeros gobiernos del ex presidente Juan Domingo Perón, valiéndome para ello de palabras de Eva Perón, cuando refiriéndose a esta problemática afirmara que no se trata de que la mujer vaya detrás o adelante del hombre, sino a que se coloque a la par para poder marchar juntos. En orden a lo expresado todos y todas conocemos, en ese sentido, como Evita reivindicará e impulsará, de manera enérgica, la revolucionaria legislación que posibilitó que la mujer argentina entrara decididamente en la vida política nacional y provincial, para no abandonarlas nunca más. Por eso es que estamos convencidos que la mirada de la mujer en la acción política es complementaria de la del hombre. Ni mejor ni peor, es distinta y le aporta una impronta original y creativa, con respecto a la mirada del hombre. Se preguntaba Evita, a la vez que nos interpela desde la historia: ¿Cómo puede estar al margen de la política, la mitad de la humanidad, cuando es por medio de esta actividad, eminentemente humana, de la que nos valemos para modificar una realidad injusta, para mejorar la vida de nuestros hombres y mujeres?
En este sentido, señor presidente, no es caprichosa la aspiración para coadyuvar en el logro de una presencia equilibrada de varones y mujeres en los espacios de decisión. A modo de ejemplo, podemos expresar que el porcentaje de legisladoras de esta Cámara de la que formamos parte; hoy, es exactamente, del 30% y, con respecto al Ejecutivo, de ocho ministerios, tan sólo uno de ellos lo ocupa una mujer; de las diez secretarías, asesoría y subsecretarías que directamente dependen del gobernador, son tres las ocupadas por mujeres (Asesoría Letrada, subsecretaría de Medios y el Consejo Provincial de la Mujer) y así podríamos continuar con las subsecretarías dependientes de los ministerios donde también se aprecia un mayor número de hombres, en estos espacios de decisión de políticas públicas de nuestra provincia con la única excepción, del ministerio de Cultura y Educación.
Para terminar, hacemos nuestros los conceptos del Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas del año 1995. Allí se puede leer: “El camino hacia la igualdad de género no es una meta tecnocrática, es un proceso político. Requiere un modo de pensar, en el cual los estereotipos sobre mujeres y varones dejen lugar a una nueva filosofía que reconozca a todas las personas independientemente de su sexo, como agentes imprescindibles para el cambio.” En esa tarea, señor presidente, nos encontramos. Nada más y muchas gracias.
